Un tratado entre Argentina y Reino Unido firmado hace más de tres décadas quedó nuevamente en el centro del debate por la cuestión Malvinas, luego de que desde Tierra del Fuego reclamaran su derogación.
Se trata del Convenio de Promoción y Protección de Inversiones, firmado en Londres en 1990 y posteriormente aprobado mediante la Ley 24.184, que establece una serie de garantías para las inversiones realizadas entre ambos países.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, pidió al Congreso derogar la normativa y calificó como un “error geopolítico” que el acuerdo continúe vigente.
El planteo apunta particularmente al tratamiento que el convenio garantiza a las inversiones británicas. Dachary sostuvo que resulta contradictorio mantener esas condiciones mientras continúa la disputa de soberanía por las Islas Malvinas.
“Una medida fundamental para nuestra política exterior sería derogar la Ley 24.184”, expresó el funcionario provincial, quien remarcó que el conflicto argentino es con el Reino Unido y no con las islas.
El reclamo fue dirigido directamente al Congreso de la Nación, ya que Dachary etiquetó en su publicación tanto al Senado como a la Cámara de Diputados.
El convenio fue firmado en Londres el 11 de diciembre de 1990 y aprobado por el Congreso argentino el 4 de noviembre de 1992, durante la presidencia de Carlos Menem.
Entre sus disposiciones establece que ninguna de las partes puede otorgar a las inversiones de la otra un tratamiento menos favorable que el concedido a sus propios inversores o a aquellos provenientes de terceros países.
También contempla la libre transferencia de ganancias, protecciones frente a expropiaciones sin compensación y mecanismos de arbitraje internacional para resolver eventuales controversias vinculadas con las inversiones.
El acuerdo surgió en el marco del proceso de normalización de las relaciones bilaterales iniciado con los Acuerdos de Madrid I y II, firmados entre 1989 y 1990, luego de la Guerra de Malvinas de 1982.
Sin embargo, terminar con sus efectos no sería inmediato. El propio convenio contempla que, en caso de denuncia, las inversiones realizadas mientras estuvo vigente continúen protegidas durante 15 años adicionales.
NA
