La polémica por el manejo del Puerto de Ushuaia suma un nuevo capítulo. Mientras la intervención nacional avanza con una licitación para contratar servicios de seguridad durante doce meses, trabajadores portuarios cuestionan el costo previsto, la necesidad de la contratación y la decisión de desplazar a agentes provinciales que ya cumplían esas funciones.
El dato que encendió las alarmas es la magnitud del presupuesto: cerca de $4.000 millones para un año de vigilancia privada, frente a los aproximadamente $40 millones anuales que, según comparó la trabajadora de la Dirección Provincial de Puertos, Valeria Barría, había costado un contrato celebrado con la empresa Bushi-Do en noviembre de 2025.
La diferencia equivale a multiplicar por cien el monto de referencia, una brecha que alimenta los cuestionamientos sobre el uso de los recursos vinculados a la actividad portuaria. Barría calificó la convocatoria como una “licitación escandalosa” y sostuvo que se trata de una cifra extraordinaria respecto de los valores que se manejaban en el ámbito de la administración provincial.
El procedimiento corresponde a la licitación pública 15/2026 de la Administración General de Puertos. La apertura de ofertas está prevista para el 11 de noviembre. Por ahora, los $4.000 millones corresponden al presupuesto oficial: la contratación todavía no fue adjudicada y resta conocer las propuestas económicas de las empresas interesadas.
Pagar de nuevo por tareas que ya se hacían
Más allá del monto, el eje del reclamo apunta a una pregunta incómoda para la intervención nacional: ¿por qué destinar semejante presupuesto a servicios que, según los trabajadores, ya estaban cubiertos mediante una combinación de vigilancia privada y personal provincial?
Barría explicó que la Dirección Provincial de Puertos contaba con agentes de planta que realizaban controles, supervisión y tareas de seguridad en distintos sectores de la terminal. Según detalló, los puestos comprendían el acceso principal, el sector de catamaranes y el centro de monitoreo, con dos personas por puesto en el esquema anterior.
La trabajadora defendió la experiencia y la preparación de esos agentes y afirmó que estaban verificados y certificados conforme a las normas internacionales aplicables a la actividad portuaria.
Sin embargo, mientras esos empleados continúan apartados de sus funciones, la intervención busca contratar nuevos servicios. A esto se suma, según la denuncia, la incorporación de personal proveniente de otros puertos y de trabajadores de la ciudad para desarrollar tareas que antes realizaba la planta provincial.
El cuestionamiento tiene una dimensión económica y otra administrativa: la Provincia continúa afrontando los salarios de trabajadores que no pueden desempeñarse en sus puestos, mientras la intervención nacional proyecta nuevas erogaciones para cubrir funciones similares.
A la contratación de vigilancia privada también se agregaría el refuerzo de controles mediante servicios de Prefectura Naval. Para los trabajadores, la superposición de recursos vuelve todavía más necesario explicar qué prestaciones se contratarán, cuánto costarán y por qué no se aprovecha el personal existente.
Un presupuesto que exige explicaciones
La comparación entre los $40 millones del contrato anterior y los casi $4.000 millones previstos ahora constituye el principal argumento de la denuncia. Aunque los montos corresponden a contrataciones que podrían tener alcances y condiciones diferentes, la distancia entre ambas cifras plantea interrogantes sobre la composición del nuevo servicio y los criterios utilizados para calcular su costo.
Por eso, el debate excede la contratación de una empresa de seguridad. La discusión alcanza al destino de los recursos del puerto, a la planificación de los servicios y a la justificación de los gastos dispuestos durante la intervención nacional.
Por el momento, no hay una adjudicación que permita establecer cuánto se pagará finalmente ni qué empresa prestará el servicio. Pero el llamado ya quedó en el centro de la controversia por la magnitud del presupuesto y por el contexto en el que se impulsa.
La intervención, bajo la lupa por otros frentes
Los cuestionamientos de Barría no se limitan a la seguridad. La trabajadora también puso en duda el recambio de las 75 defensas del muelle y afirmó que los elementos instalados provendrían del puerto de Río Grande, donde estaban en desuso.
Según su versión, la empresa Concret Nor resultó adjudicataria del procedimiento, pero las nuevas defensas todavía no habrían llegado. Por ese motivo, sostuvo que se estarían colocando piezas usadas mientras se aguarda la provisión de los elementos previstos en la contratación.
A ese reclamo se suma la denuncia por el supuesto impedimento de ingreso de inspectores provinciales de Ambiente durante trabajos en el canal Beagle. Barría reclamó que las intervenciones sobre el muelle se realicen con las evaluaciones ambientales correspondientes y respetando la legislación vigente, en línea con advertencias atribuidas a la Asociación Manekenk.
Se trata de cuestionamientos que agregan presión sobre una administración que, a nueve meses del inicio de la intervención, enfrenta reclamos por el manejo operativo, la contratación de servicios y el control de las obras.
La disputa también se juega en la Justicia
Mientras crecen las diferencias por las decisiones administrativas, los trabajadores aguardan definiciones judiciales sobre distintos planteos vinculados con la intervención. Barría mencionó especialmente una demanda relacionada con fueros gremiales, impulsada por un grupo de trabajadoras ante el juez federal Federico Calvete.
También reclamó avances en las presentaciones promovidas por la Provincia y por los trabajadores para cuestionar la intervención nacional y recuperar la administración del puerto para Tierra del Fuego.
El escenario combina así una licitación millonaria, personal provincial desplazado, cuestionamientos sobre obras y reclamos judiciales todavía pendientes de resolución.
La pregunta de fondo sigue abierta: ¿por qué avanzar con nuevas contrataciones de semejante magnitud mientras existen trabajadores capacitados que ya cumplían esas funciones y cuyos salarios continúa pagando la Provincia?
La apertura de ofertas prevista para el 11 de noviembre será un nuevo punto de atención. Hasta entonces, la intervención deberá afrontar cuestionamientos sobre el costo proyectado, el alcance del servicio y la necesidad de la contratación. Para los trabajadores, el reclamo es más amplio: no se trata solamente de quién prestará la vigilancia, sino de cómo se administran los recursos del Puerto de Ushuaia y quién responde por las decisiones que se toman durante la intervención.
