El intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, y la secretaria de Gobierno, Paula Cejas, fueron formalmente imputados en una causa penal que se tramita ante el Juzgado Multifueros. La decisión fue tomada luego que el Ministerio Público Fiscal ampliará el requerimiento de instrucción y solicitará la adopción de medidas para garantizar los derechos de defensa de los acusados.
La investigación tiene su origen en dos hechos diferenciados pero conectados por su gravedad institucional. Por un lado, el presunto ingreso sin orden judicial a una vivienda privada por parte de funcionarios municipales ubicada en calle Santiago Rapatini, dentro del ejido de Tolhuin. Según consta en la denuncia, la vivienda —propiedad de un vecino ausente por razones de salud— fue ingresada sin orden judicial ni autorización válida, en un accionar que habría contado con aval o conocimiento de autoridades del Ejecutivo municipal.
El ingreso habría sido ejecutado bajo el argumento de “resguardar la propiedad”, aunque no se habrían respetado las garantías constitucionales ni se informó a las autoridades judiciales competentes, lo cual podría configurar un delito de violación de domicilio o abuso de autoridad.
En segundo lugar, la imputación tiene relación con la denuncia presentada por Andrea Verónica González Valle, exdirectora de Recursos Humanos del Municipio de Tolhuin, quien acusa a Harrington y a Cejas de haber ejercido presiones indebidas, hostigamiento laboral, desplazamiento forzado de funciones y persecución institucional durante su paso por la gestión.
Según el escrito de la querella, la exfuncionaria fue víctima de decisiones arbitrarias que afectaron su desempeño laboral y vulneraron principios básicos de administración pública, entre ellos el debido proceso interno, la igualdad de trato y la transparencia institucional. También se denuncia el uso discrecional de mecanismos administrativos para modificar la estructura de personal, sin los respaldos normativos correspondientes.
El pasado 12 de junio, la Justicia de Instrucción resolvió adherir al pedido del fiscal y notificar formalmente a las personas imputadas, entre ellas Daniel Harrington y Paula Cejas, informándoles sus derechos y garantías como parte del proceso penal en curso.
