El Ministerio Público Fiscal de la provincia interviene en una serie de denuncias vinculadas a inscripciones anónimas con contenido amenazante detectadas en establecimientos educativos, así como también por una amenaza de bomba difundida a través de redes sociales.
Según se informó oficialmente, en el Distrito Judicial Sur —con jurisdicción en la ciudad de Ushuaia— ya se iniciaron tres actuaciones a partir de presentaciones realizadas por autoridades escolares. Los hechos están relacionados con mensajes intimidatorios hallados dentro de edificios educativos, lo que encendió las alertas en la comunidad.
En tanto, en el Distrito Judicial Norte, que abarca la ciudad de Río Grande, durante el mes de abril se registraron un total de 24 denuncias de características similares, lo que evidencia una situación de creciente preocupación.
Frente a este escenario, desde el organismo judicial indicaron que se dispusieron diversas medidas investigativas con el objetivo de determinar el origen de los hechos y establecer eventuales responsabilidades penales.
Las autoridades remarcaron que este tipo de situaciones requiere un abordaje coordinado entre las instituciones, priorizando la seguridad de estudiantes, docentes y personal escolar. En esa línea, el Ministerio de Educación manifestó su inquietud ante los fiscales intervinientes y destacó la necesidad de actuar de manera preventiva.
Asimismo, se recordó a la comunidad que las amenazas —incluso aquellas realizadas de forma anónima o que pudieran considerarse una broma— pueden constituir delitos contemplados en el Código Penal, como daño, amenazas anónimas o intimidación pública.
El Ministerio Público Fiscal continuará interviniendo en las actuaciones policiales en curso, con el objetivo de esclarecer los hechos y solicitar a la Justicia las medidas de protección necesarias para resguardar a la comunidad educativa.
