La demanda que enfrenta a la Provincia de Tierra del Fuego con la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) por la intervención federal del muelle de Ushuaia quedó en condiciones de avanzar tras la presentación realizada por el Fiscal de Estado ante la Justicia Federal.
El pasado viernes 6 de febrero, Virgilio Juan Martínez de Sucre contestó el traslado ordenado por el Juzgado Federal, avaló la actuación del gobernador y rechazó que exista un defecto de representación legal. En ese marco, solicitó que el expediente continúe su curso sin más dilaciones.
La acción judicial fue iniciada a fines de enero por el Ejecutivo provincial contra una resolución de la ANPYN que, según sostiene la Provincia, afecta sus competencias constitucionales, el control del sistema portuario y genera pérdidas económicas diarias. Además, se pidió una medida cautelar para frenar los efectos del acto nacional.
El planteo del Fiscal de Estado respondió a la objeción formulada por el Ministerio Público Fiscal, que había cuestionado la ausencia de la Fiscalía de Estado en la representación legal de la Provincia y sugirió regularizar esa situación antes de avanzar sobre el fondo del conflicto.
En su escrito, Martínez de Sucre sostuvo que el gobernador está constitucionalmente habilitado para representar a la Provincia ante la Justicia Federal y que la organización de su defensa judicial es una facultad no delegada al Estado Nacional. También remarcó que la Fiscalía de Estado no actúa como apoderado automático del Ejecutivo, sino como un órgano de control con independencia funcional.
Asimismo, advirtió que una interpretación restrictiva podría generar demoras innecesarias y afectar la defensa de los intereses provinciales en un conflicto que involucra recursos, competencias y el control de un área estratégica.
Ahora será el Juzgado Federal el que defina si acepta este criterio y permite que la causa avance, o si insiste en reabrir el debate sobre la representación legal de la Provincia.
