La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) recurrieron a la Justicia para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion, que avanza en la Cuenca Malvinas Norte con participación de las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal de Río Grande e incluye un pedido de medida cautelar para suspender las obras, perforaciones y movimientos sobre el lecho marino. Además, busca bloquear el financiamiento del desarrollo petrolero.
Los denunciantes sostienen que las actividades se realizan sin autorización del Estado argentino y advierten que la falta de respuesta oficial podría perjudicar la posición argentina en materia de soberanía. “En el derecho internacional los silencios producen efectos”, señala el escrito.
Sea Lion es considerado uno de los principales proyectos petroleros offshore del Atlántico Sur. Según las previsiones, la producción comenzaría en marzo de 2028 y podría alcanzar los 50.000 barriles diarios hacia 2032.
El reclamo retoma antecedentes de 2015, cuando durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se inició una causa penal contra empresas que exploraban hidrocarburos en la zona sin autorización argentina. En 2021, durante la gestión de Alberto Fernández, también se impulsaron sanciones contra Navitas y otras compañías vinculadas al proyecto.
Los ambientalistas y excombatientes cuestionan ahora la falta de intervención del Gobierno de Javier Milei frente al avance de Sea Lion. El planteo judicial se produce además luego de que el Presidente volviera a referirse a Malvinas como “la causa más importante y sagrada de los argentinos”, tras las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la soberanía de las islas.
