Limpieza, tercerización y fondos públicos: la intervención federal avanza con una preadjudicación millonaria por apenas seis meses. La empresa seleccionada tiene vínculos empresariales con Buenos Aires y el expediente deja interrogantes sobre la estructura que acredita en Ushuaia. Mientras tanto, la administración que está de salida compromete recursos del puerto que seguirán bajo la lupa después de enero.
La intervención nacional del Puerto de Ushuaia parece decidida a cerrar su gestión dejando una marca concreta: casi $471 millones comprometidos en seis meses de limpieza y mantenimiento.
La Comisión de Preadjudicación recomendó contratar a Mercado de Soluciones S.A. por $470.418.960 para hacerse cargo de servicios esenciales dentro de la terminal portuaria.
No se trata de una obra que vaya a quedar incorporada al patrimonio del puerto. Tampoco de maquinaria, infraestructura o equipamiento. Son casi $500 millones destinados a servicios tercerizados durante solamente medio año.
En términos referenciales, el contrato representa unos $78,4 millones mensuales.
Y dentro de ese monto hay un número que llama todavía más la atención: $329 millones corresponden exclusivamente a limpieza integral.
La pregunta que nadie debería esquivar: Cuando se administran recursos públicos, cumplir con una licitación es apenas el punto de partida.
La verdadera pregunta es otra:
¿Es la mejor manera de gastar el dinero del Puerto de Ushuaia?
¿Se comparó cuánto costaría realizar estas tareas con personal propio?
¿Se justificó económicamente la tercerización?
¿Quién controlará las horas trabajadas, el personal afectado y los servicios efectivamente prestados?
¿Existe una estructura local real y suficiente para responder ante una emergencia?
Y, sobre todo, ¿por qué una intervención que tiene fecha de vencimiento está comprometiendo cientos de millones de pesos en un contrato que continuará más allá de su propia salida?
Son preguntas que no deberían incomodar a nadie si la contratación es tan conveniente como se sostiene.
Fondos fueguinos, empresa con base empresarial en Buenos Aires
Mercado de Soluciones S.A. fue la empresa recomendada para quedarse con el contrato.
La compañía presenta públicamente domicilio y teléfono vinculados con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus estados contables también fueron legalizados ante el organismo profesional porteño.
Eso no significa que exista una irregularidad.
Pero sí pone sobre la mesa una discusión que en Tierra del Fuego resulta inevitable:
los recursos se generan en el Puerto de Ushuaia, pero el contrato millonario termina en manos de una empresa cuya estructura pública conocida está vinculada con Buenos Aires.
La cuestión no es de dónde viene una empresa.
La cuestión es qué queda en Ushuaia.
Qué personal contrata.
Qué proveedores locales utiliza.
Qué estructura mantiene.
Qué inversión realiza.
Y cuánto de los cientos de millones comprometidos termina efectivamente derramando en la economía fueguina.
El misterio de la base operativa
El propio pliego estableció una condición concreta: las empresas debían tener sede, sucursal o base de operaciones en Ushuaia.
La razón era clara: el puerto necesita capacidad de respuesta local frente a sus condiciones climáticas y operativas.
Mercado de Soluciones fue evaluada como “CUMPLE”.
Pero el dictamen analizado no permite conocer en detalle cuál es esa estructura local, dónde funciona, desde cuándo está instalada ni con qué capacidad operativa cuenta.
No es una acusación.
Es una pregunta.
Y es una pregunta que adquiere otra dimensión cuando el contrato supera los $470 millones.
Si la base existe y cumple con todos los requisitos, debería ser sencillo explicar dónde está y qué estructura tiene.
La tercerización no es un detalle: es el modelo
La empresa seleccionada tiene justamente entre sus actividades centrales la tercerización de servicios y personal.
Su propuesta comercial promueve el outsourcing como herramienta para reducir costos y simplificar estructuras.
Y su objeto social contempla actividades como limpieza, mantenimiento, logística y otras tareas mediante personal propio y/o subcontratado.
La coincidencia es evidente.
La intervención necesita tercerizar y la empresa hace de la tercerización su negocio.
La pregunta de fondo es si estamos ante una solución puntual o ante la consolidación de una nueva forma de administrar el puerto.
Porque cada servicio que se terceriza implica dinero que sale del Estado y una nueva relación contractual que después deberá ser controlada.
Y controlar también cuesta.
Una administración de salida tomando decisiones de largo alcance
La intervención federal tiene fecha de finalización en enero.
El contrato, en cambio, se extiende durante seis meses.
Eso significa que la administración que hoy decide el gasto no necesariamente será la misma que deberá convivir con todas sus consecuencias.
Es una cuestión política que merece ser discutida.
Una administración transitoria puede y debe garantizar el funcionamiento del puerto. Pero cuando compromete recursos por cientos de millones y define un esquema de prestación de servicios para los meses posteriores a su salida, la exigencia de transparencia debería ser todavía mayor.
El debate no debería reducirse a Mercado de Soluciones. Tampoco a si la preadjudicación se transforma finalmente en adjudicación.
El verdadero problema es mucho más grande: qué modelo de puerto está construyendo la intervención nacional y cómo está utilizando los recursos que genera esa infraestructura.
Casi $471 millones.
Seis meses.
Casi $330 millones solamente para limpieza.
Un esquema de tercerización.
Una empresa vinculada empresarialmente con Buenos Aires.
Y una estructura local cuya acreditación concreta no aparece explicada con suficiente detalle en el dictamen analizado.
Todo eso puede ser perfectamente legal.
Pero legalidad y transparencia no son sinónimos.
Una contratación puede cumplir con los pasos administrativos y, al mismo tiempo, merecer explicaciones políticas y económicas mucho más profundas.
Porque el Puerto de Ushuaia no es patrimonio de una intervención. Y sus recursos tampoco. Son recursos públicos.
Y cuando una administración que está de salida compromete casi $500 millones, la sociedad tiene derecho a saber hasta el último detalle: cuánto se paga, por qué se paga, quién lo cobra, qué se recibe a cambio y quién va a controlar que cada peso termine donde tiene que terminar.
