A tres meses de la medida, la seguridad del puerto de Ushuaia no solo sigue en el centro del debate, sino que se consolidó como el principal punto de tensión política en torno a la intervención.
El debate sumó un nuevo capítulo en la Legislatura durante la última reunión de comisión con participación de autoridades, trabajadores del sector, representantes del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía de Estado. Allí, desde La Libertad Avanza insistieron que la intervención respondió a problemas de seguridad y que el puerto será devuelto a la órbita provincial una vez que esas cuestiones sean subsanadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
Sin embargo, esa explicación fue rápidamente puesta en duda por el legislador de FORJA Federico Sciurano, quien cuestionó la consistencia del argumento a partir del funcionamiento concreto de la terminal portuaria desde la intervención.
“El puerto siguió operando con la misma normalidad que tenía antes”, afirmó, y planteó el interrogante central que atravesó la discusión: si existían fallas de seguridad que justificaran la medida, ¿por qué no se modificó la operatoria?
Durante el encuentro, trabajadores y autoridades portuarias remarcaron que la actividad se mantuvo sin alteraciones, con protocolos y condiciones que garantizaron el funcionamiento habitual. En ese sentido, Sciurano subrayó que no hubo cambios visibles vinculados a la seguridad operativa.
El legislador reforzó su postura con datos de la última temporada de cruceros, en la que se registraron más de 400 recaladas sin inconvenientes. “No hubo dificultades ni situaciones que evidenciaran problemas de seguridad. El puerto funcionó exactamente igual”, señaló.
Para Sciurano, la continuidad de la operatoria sin modificaciones debilita el argumento de la seguridad como razón central de la intervención y desplaza el foco hacia otros aspectos de la medida.
En esa línea, marcó que la principal diferencia tras la intervención no estuvo en la seguridad ni en el funcionamiento, sino en la administración de los recursos: el control de la caja del puerto pasó de la provincia al Gobierno nacional.
Más allá del cruce político, el debate dejó instalada una pregunta de fondo sobre la relación entre seguridad y gestión: si no hubo cambios en los estándares operativos ni en las condiciones de funcionamiento, ¿cuál fue el alcance real de las supuestas falencias en materia de seguridad?
