La iniciativa de instalar granjas de salmón divide a los habitantes del archipiélago entre la expectativa de inversión y empleo y las advertencias sobre posibles daños al ecosistema marino. La consulta pública estará abierta hasta el 30 de octubre.
La posible instalación de granjas de salmón a gran escala en las Islas Malvinas generó un fuerte debate entre sus aproximadamente 3.500 habitantes. Mientras el sector empresario destaca el potencial económico del proyecto, organizaciones ambientalistas reclaman un referéndum y cuestionan la información utilizada por las autoridades para evaluar sus efectos.
El proyecto, impulsado por Unity Marine —integrada por la pesquera local Fortuna y la firma danesa F-land ApS— contempla producir hasta 50.000 toneladas de salmón por año en 16 sitios, lo que se convertiría en el mayor desarrollo industrial costero de la historia del archipiélago. Un estudio citado por The Guardian estimó que una producción de 30.000 toneladas podría aportar unos 35 millones de libras anuales a la economía local y generar 133 empleos.
La organización Salmon Free Falklands (SFF) se opone a la iniciativa y sostiene que la población debería tener la última palabra. Sus integrantes cuestionan la calidad de los estudios oficiales y advierten sobre posibles efectos de los residuos de la actividad sobre los bosques de algas, las áreas de desove del calamar y distintas especies de fauna marina.
Especialistas vinculados a la organización también señalaron que todavía no existe una evaluación científica rigurosa sobre la capacidad de carga ambiental de las aguas del archipiélago, es decir, cuánto cultivo de peces podría soportar el ecosistema sin sufrir alteraciones. Además, reclamaron mayores precisiones sobre los costos de regulación y el manejo de eventuales mortandades masivas de salmones.
El gobierno de las Malvinas, por su parte, mantiene una posición formalmente neutral. Las autoridades sostienen que los estudios buscan aportar elementos para el debate y analizar distintos escenarios, pero no constituyen una aprobación del proyecto. También rechazaron las críticas que apuntan a una falta de información sobre los riesgos ambientales.
El conflicto tiene antecedentes. En 2022, las autoridades habían rechazado una propuesta para instalar una granja de salmón. Unity Marine llevó posteriormente el caso a una revisión judicial y cuestionó que no se hubiera realizado una consulta general a la población. Tras un acuerdo entre las partes, aquella decisión fue anulada y se abrió el actual proceso de consulta.
Desde la empresa, James Wallace, director gerente de Fortuna, defendió el procedimiento y aseguró que todavía se encuentra en una etapa de investigación. La compañía afirmó que espera que cualquier eventual decisión se base en una evaluación ambiental sólida que permita determinar si los riesgos pueden ser mitigados y si los beneficios económicos prometidos pueden concretarse.
La consulta pública permanecerá abierta hasta el 30 de octubre. En paralelo, Salmon Free Falklands busca impulsar un referéndum para que sean los habitantes del archipiélago quienes definan el futuro de una actividad que podría transformar su economía, pero también uno de sus ecosistemas costeros más sensibles.
