La pol\u00e9mica por el manejo del Puerto de Ushuaia suma un nuevo cap\u00edtulo. Mientras la intervenci\u00f3n nacional avanza con una licitaci\u00f3n para contratar servicios de seguridad durante doce meses, trabajadores portuarios cuestionan el costo previsto, la necesidad de la contrataci\u00f3n y la decisi\u00f3n de desplazar a agentes provinciales que ya cumpl\u00edan esas funciones.<\/p>\n\n\n\n
El dato que encendi\u00f3 las alarmas es la magnitud del presupuesto: cerca de $4.000 millones para un a\u00f1o de vigilancia privada<\/strong>, frente a los aproximadamente $40 millones anuales que, seg\u00fan compar\u00f3 la trabajadora de la Direcci\u00f3n Provincial de Puertos, Valeria Barr\u00eda, hab\u00eda costado un contrato celebrado con la empresa Bushi-Do en noviembre de 2025.<\/p>\n\n\n\n La diferencia equivale a multiplicar por cien el monto de referencia, una brecha que alimenta los cuestionamientos sobre el uso de los recursos vinculados a la actividad portuaria. Barr\u00eda calific\u00f3 la convocatoria como una \u201clicitaci\u00f3n escandalosa\u201d y sostuvo que se trata de una cifra extraordinaria respecto de los valores que se manejaban en el \u00e1mbito de la administraci\u00f3n provincial.<\/p>\n\n\n\n El procedimiento corresponde a la licitaci\u00f3n p\u00fablica 15\/2026 de la Administraci\u00f3n General de Puertos. La apertura de ofertas est\u00e1 prevista para el 11 de noviembre. Por ahora, los $4.000 millones corresponden al presupuesto oficial: la contrataci\u00f3n todav\u00eda no fue adjudicada y resta conocer las propuestas econ\u00f3micas de las empresas interesadas.<\/p>\n\n\n\n M\u00e1s all\u00e1 del monto, el eje del reclamo apunta a una pregunta inc\u00f3moda para la intervenci\u00f3n nacional: \u00bfpor qu\u00e9 destinar semejante presupuesto a servicios que, seg\u00fan los trabajadores, ya estaban cubiertos mediante una combinaci\u00f3n de vigilancia privada y personal provincial?<\/p>\n\n\n\n Barr\u00eda explic\u00f3 que la Direcci\u00f3n Provincial de Puertos contaba con agentes de planta que realizaban controles, supervisi\u00f3n y tareas de seguridad en distintos sectores de la terminal. Seg\u00fan detall\u00f3, los puestos comprend\u00edan el acceso principal, el sector de catamaranes y el centro de monitoreo, con dos personas por puesto en el esquema anterior.<\/p>\n\n\n\n La trabajadora defendi\u00f3 la experiencia y la preparaci\u00f3n de esos agentes y afirm\u00f3 que estaban verificados y certificados conforme a las normas internacionales aplicables a la actividad portuaria.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, mientras esos empleados contin\u00faan apartados de sus funciones, la intervenci\u00f3n busca contratar nuevos servicios. A esto se suma, seg\u00fan la denuncia, la incorporaci\u00f3n de personal proveniente de otros puertos y de trabajadores de la ciudad para desarrollar tareas que antes realizaba la planta provincial.<\/p>\n\n\n\n El cuestionamiento tiene una dimensi\u00f3n econ\u00f3mica y otra administrativa: la Provincia contin\u00faa afrontando los salarios de trabajadores que no pueden desempe\u00f1arse en sus puestos, mientras la intervenci\u00f3n nacional proyecta nuevas erogaciones para cubrir funciones similares<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n A la contrataci\u00f3n de vigilancia privada tambi\u00e9n se agregar\u00eda el refuerzo de controles mediante servicios de Prefectura Naval. Para los trabajadores, la superposici\u00f3n de recursos vuelve todav\u00eda m\u00e1s necesario explicar qu\u00e9 prestaciones se contratar\u00e1n, cu\u00e1nto costar\u00e1n y por qu\u00e9 no se aprovecha el personal existente.<\/p>\n\n\n\n La comparaci\u00f3n entre los $40 millones del contrato anterior y los casi $4.000 millones previstos ahora constituye el principal argumento de la denuncia. Aunque los montos corresponden a contrataciones que podr\u00edan tener alcances y condiciones diferentes, la distancia entre ambas cifras plantea interrogantes sobre la composici\u00f3n del nuevo servicio y los criterios utilizados para calcular su costo.<\/p>\n\n\n\n Por eso, el debate excede la contrataci\u00f3n de una empresa de seguridad. La discusi\u00f3n alcanza al destino de los recursos del puerto, a la planificaci\u00f3n de los servicios y a la justificaci\u00f3n de los gastos dispuestos durante la intervenci\u00f3n nacional.<\/p>\n\n\n\n Por el momento, no hay una adjudicaci\u00f3n que permita establecer cu\u00e1nto se pagar\u00e1 finalmente ni qu\u00e9 empresa prestar\u00e1 el servicio. Pero el llamado ya qued\u00f3 en el centro de la controversia por la magnitud del presupuesto y por el contexto en el que se impulsa.<\/p>\n\n\n\n Los cuestionamientos de Barr\u00eda no se limitan a la seguridad. La trabajadora tambi\u00e9n puso en duda el recambio de las 75 defensas del muelle y afirm\u00f3 que los elementos instalados provendr\u00edan del puerto de R\u00edo Grande, donde estaban en desuso.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan su versi\u00f3n, la empresa Concret Nor result\u00f3 adjudicataria del procedimiento, pero las nuevas defensas todav\u00eda no habr\u00edan llegado. Por ese motivo, sostuvo que se estar\u00edan colocando piezas usadas mientras se aguarda la provisi\u00f3n de los elementos previstos en la contrataci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n A ese reclamo se suma la denuncia por el supuesto impedimento de ingreso de inspectores provinciales de Ambiente durante trabajos en el canal Beagle. Barr\u00eda reclam\u00f3 que las intervenciones sobre el muelle se realicen con las evaluaciones ambientales correspondientes y respetando la legislaci\u00f3n vigente, en l\u00ednea con advertencias atribuidas a la Asociaci\u00f3n Manekenk.<\/p>\n\n\n\n Se trata de cuestionamientos que agregan presi\u00f3n sobre una administraci\u00f3n que, a nueve meses del inicio de la intervenci\u00f3n, enfrenta reclamos por el manejo operativo, la contrataci\u00f3n de servicios y el control de las obras.<\/p>\n\n\n\n Mientras crecen las diferencias por las decisiones administrativas, los trabajadores aguardan definiciones judiciales sobre distintos planteos vinculados con la intervenci\u00f3n. Barr\u00eda mencion\u00f3 especialmente una demanda relacionada con fueros gremiales, impulsada por un grupo de trabajadoras ante el juez federal Federico Calvete.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n reclam\u00f3 avances en las presentaciones promovidas por la Provincia y por los trabajadores para cuestionar la intervenci\u00f3n nacional y recuperar la administraci\u00f3n del puerto para Tierra del Fuego.<\/p>\n\n\n\n El escenario combina as\u00ed una licitaci\u00f3n millonaria, personal provincial desplazado, cuestionamientos sobre obras y reclamos judiciales todav\u00eda pendientes de resoluci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La pregunta de fondo sigue abierta: \u00bfpor qu\u00e9 avanzar con nuevas contrataciones de semejante magnitud mientras existen trabajadores capacitados que ya cumpl\u00edan esas funciones y cuyos salarios contin\u00faa pagando la Provincia?<\/strong><\/p>\n\n\n\n La apertura de ofertas prevista para el 11 de noviembre ser\u00e1 un nuevo punto de atenci\u00f3n. Hasta entonces, la intervenci\u00f3n deber\u00e1 afrontar cuestionamientos sobre el costo proyectado, el alcance del servicio y la necesidad de la contrataci\u00f3n. Para los trabajadores, el reclamo es m\u00e1s amplio: no se trata solamente de qui\u00e9n prestar\u00e1 la vigilancia, sino de c\u00f3mo se administran los recursos del Puerto de Ushuaia y qui\u00e9n responde por las decisiones que se toman durante la intervenci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La pol\u00e9mica por el manejo del Puerto de Ushuaia suma un nuevo cap\u00edtulo. Mientras la intervenci\u00f3n nacional avanza con una licitaci\u00f3n para contratar servicios de seguridad durante doce meses, trabajadores portuarios cuestionan el costo previsto, la necesidad de la contrataci\u00f3n y la decisi\u00f3n de desplazar a agentes provinciales que ya cumpl\u00edan esas funciones. 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Un presupuesto que exige explicaciones<\/h2>\n\n\n\n
La intervenci\u00f3n, bajo la lupa por otros frentes<\/h2>\n\n\n\n
La disputa tambi\u00e9n se juega en la Justicia<\/h2>\n\n\n\n