Migraciones concretó la expulsión y salida definitiva del país de José Luis Rodríguez Cabrera, ciudadano dominicano de 41 años que había sido condenado por comercialización de estupefacientes en Río Grande.
El procedimiento fue realizado en articulación con la División de Asuntos Migratorios y constituye uno de los primeros operativos de estas características encabezados por Ariel Escobar desde su reciente designación como delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en Tierra del Fuego.
Escobar explicó que la medida se ejecutó en cumplimiento de lo dispuesto por la Justicia Federal, luego de que quedara firme la orden de expulsión y se alcanzaran las condiciones establecidas para hacer efectiva la salida del país.
El procedimiento se inició a las 00:10 horas de este jueves, cuando Rodríguez Cabrera fue retirado de la Unidad de Detención N° 1 del Servicio Penitenciario de Río Grande, donde permanecía alojado desde el 11 de abril de 2024.
Desde allí fue trasladado hasta el Aeropuerto Internacional Gobernador Ramón Trejo Noel de Río Grande, donde abordó un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino al Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Posteriormente, el operativo contempló su traslado hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para concretar finalmente su salida de la Argentina con destino a la República Dominicana. “Se ejecutó sin novedades”, confirmó Escobar al brindar detalles del procedimiento.
La expulsión tiene su origen en una causa iniciada por un hecho ocurrido en Río Grande durante 2024, en el marco de una infracción a la Ley de Estupefacientes.
Según detalló el delegado de Migraciones, Rodríguez Cabrera fue considerado coautor material y penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes y recibió una condena de cuatro años y tres meses de prisión.
Posteriormente, el 7 de agosto de 2025, la Dirección Nacional de Migraciones resolvió cancelar su residencia legal en la Argentina y dispuso su expulsión del territorio nacional, estableciendo además una prohibición permanente de reingreso al país.
Una vez alcanzada la proporción correspondiente de la pena y encontrándose firme la orden administrativa de expulsión, el Tribunal Oral Federal otorgó la autorización necesaria para concretar el traslado y la salida definitiva del territorio argentino.
