Carlos Córdoba quedó detenido tras la lectura de la pena por parte del tribunal. La acusación fue por 22 hechos cometidos entre diciembre de 2013 y fines de 2017, relacionados a un plan de 128 casas impulsado por el gremio en el barrio Barrancas del Río Pipo, de Ushuaia.
El fallo abarca 22 hechos delictivos perpetrados entre diciembre de 2013 y fines de 2017, todos relacionados con el plan de 128 viviendas que ATE impulsó en el barrio Barrancas del Río Pipo, en la capital fueguina. El tribunal halló a Córdoba coautor materialmente responsable del delito, en una causa que mantuvo en vilo al gremio estatal durante años.
La misma pena recayó sobre Miguel Ángel “Miguelón” Arana, también imputado en el expediente y declarado coautor de los mismos hechos. En contraste, el tribunal absolvió al empresario Erik Enrique Moscoso Panozo, quien estaba acusado de lavado de activos y se le concedió el beneficio de la duda.
Tanto Córdoba como Arana quedaron alojados en un establecimiento penitenciario, a disposición del tribunal hasta que la sentencia quede firme.
El proyecto habitacional en cuestión fue concebido como una iniciativa del gremio para facilitar el acceso a la vivienda a sus afiliados. Según relató el propio Córdoba ante los jueces en sus palabras finales, el plan original contemplaba una escala mucho mayor.
“Nosotros gestionamos esas 128 viviendas, que en realidad eran 600, no 128. El proyecto es de 600 viviendas. En ese momento salieron las casas sindicalizadas, que eran alrededor de 264, en un proyecto teníamos. Era el segundo proyecto de toda la República Argentina que se lo otorgaba el Banco Nación a todos los vecinos”, sostuvo el dirigente, según recogió Infofueguina.
Pese a la condena, el sindicalista insistió hasta el último momento en que no cometió ningún ilícito. “Nunca jugamos con ningún compañero, soy inocente”, afirmó Córdoba ante el tribunal.
El tribunal dispuso que Córdoba y Arana permanezcan detenidos en carácter de prisión preventiva y alojados en un establecimiento penitenciario hasta que la sentencia adquiera firmeza. La resolución abre la posibilidad de que la defensa interponga recursos ante instancias superiores.
