El juicio oral y público contra tres hombres acusados de presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a la adjudicación y comercialización irregular de viviendas sociales de ATE ingresó en su etapa final, luego de que este viernes concluyeran las declaraciones testimoniales.
En el proceso judicial, Carlos Córdoba y Miguel Arana están imputados por 22 hechos relacionados con supuestas maniobras defraudatorias vinculadas al programa de 128 viviendas del sector Barrancas del Río Pipo. Además, Eric Moscoso Panozo es juzgado por presuntas maniobras de lavado de activos.
Durante la etapa testimonial, que comenzó el lunes pasado, declararon 24 personas. Entre ellas estuvo el ex presidente del IPV, Gustavo Vázquez, quien confirmó ante el Tribunal que los imputados realizaban gestiones vinculadas a la entrega de viviendas.
También brindó testimonio la directora del área Social del IPV que intervino en la operatoria de las 128 viviendas de Barrancas del Pipo. La funcionaria indicó que, entre los postulantes presentados por ATE, detectaron siete casos de personas que no eran empleados estatales y que no cumplían con los requisitos exigidos por el Instituto Provincial de Vivienda.
A lo largo de la semana también declararon más de 20 denunciantes que se consideran damnificados por las presuntas maniobras investigadas.
En la última jornada del debate, Carlos Córdoba pidió ampliar su declaración indagatoria. Durante su exposición negó las acusaciones en su contra y aseguró que desde ATE “siempre quisieron ayudar a las personas que necesitaban una vivienda”.
El juicio continuará el próximo miércoles desde las 9.30 con los alegatos de las partes.
Está previsto que el fiscal Daniel Curtale exponga primero su acusación y luego será el turno de los abogados defensores. En caso de que las exposiciones se extiendan, el Tribunal de ajuicio en lo Criminal analiza dividir los alegatos en dos jornadas.
