El Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió aceptar la recusación del juez Ernesto Loffler, en una causa de alto voltaje institucional que mantiene en vilo a la provincia desde hace casi un año. La decisión, adoptada de forma unánime y sin la participación del magistrado recusado, allanó el camino para que el máximo órgano judicial finalmente se expida sobre la validez de una ley clave: la que habilita una reforma constitucional.
La recusación fue impulsada por la Fiscalía de Estado y el Ejecutivo provincial, quienes argumentaron que el magistrado había emitido declaraciones públicas que comprometían su imparcialidad y que su vocalía había incurrido en demoras injustificadas, entre ellas la pérdida del expediente físico, lo que obligó a su reconstrucción digital.
“Planteamos la incertidumbre prolongada que deviene de un proceso sin resolución sobre la validez de una norma sancionada por el Poder Legislativo”, sostuvo el abogado Emiliano Fosato, secretario de Legal y Técnica del Gobierno provincial, en declaraciones radiales.
La causa se inició tras la sanción por unanimidad de una ley que habilitaba la convocatoria a una reforma parcial de la Constitución provincial. Pese a que el proceso electoral ya había sido avalado por la justicia electoral y tenía fecha fijada para noviembre del año pasado, una acción judicial presentada directamente ante el STJ derivó en una medida cautelar que suspendió las elecciones en tiempo récord: menos de 30 horas después de su presentación.
Desde entonces, la justicia no ha emitido sentencia de fondo. “Es un caso sin precedentes. Nunca en la historia electoral reciente del país una elección fue suspendida por tanto tiempo sin una sentencia definitiva”, se señaló durante la entrevista.
Con Loffler apartado, el Tribunal ya está plenamente conformado para resolver. Fossato, expresó su expectativa de que la resolución se dicte en el corto plazo.
El abogado remarcó que ya se presentaron tres prontos despacho y se solicitó la habilitación de feria judicial para forzar el avance de la causa, sin éxito hasta ahora.
En sus declaraciones, Fossato subrayó el carácter institucional del conflicto: “El Legislativo ya cumplió su rol al sancionar la ley, y el Ejecutivo actuó dentro del marco normativo. Es hora de que el Poder Judicial también ejerza su función y dé una respuesta clara. La incertidumbre afecta la vida democrática y la confianza en las instituciones”, dijo.
La inminente resolución del STJ no solo definirá la validez de una norma votada por unanimidad en la Legislatura, sino que también podría reactivar un proceso electoral suspendido desde hace casi un año. En un escenario de creciente presión política y ciudadana por una definición clara, la actuación del máximo tribunal será observada de cerca por todos los actores institucionales.
