A cinco meses de la intervención nacional sobre la Dirección Provincial de Puertos (DPP), crecen los cuestionamientos de los trabajadores respecto del manejo de los recursos económicos que genera el puerto de Ushuaia.
Desde el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP) advirtieron que no existe información pública sobre el destino de los fondos recaudados ni mecanismos de control que permitan conocer cómo son administrados por las autoridades nacionales.
La secretaria general del gremio en Tierra del Fuego, Daniela Almada, manifestó su preocupación luego de que la intervención difundiera un comunicado destacando el superávit alcanzado durante los primeros meses de gestión y anunciara nuevas inversiones para la terminal marítima.
“Lo único que sabemos es que es una cuenta que va bajo la titularidad de la AGP, que además es un organismo que está en disolución. No sabemos cuáles son los mecanismos de control. No tenemos constancia de cuánto han facturado, de qué lo han gastado o si van a reinvertir el cien por ciento de esos recursos. No hay absolutamente ningún control sobre eso”, afirmó.
Según explicó la dirigente, la falta de información genera incertidumbre sobre la situación financiera futura del puerto y sobre la garantía de pago de los salarios de los trabajadores. En ese sentido, cuestionó que la intervención considere como un ahorro la falta de desembolsos salariales.
“Nos cayó como un balde de agua fría. Hoy tenemos el tiempo contado porque con ahorros que ha tenido el puerto, fondos que tenían otra finalidad, se está llevando todo a salarios. Que vengan e indiquen que es un ahorro el no pagarnos los salarios genera mucha bronca y mucha impotencia”, sostuvo.
Almada señaló además que, desde el inicio de la intervención, no existieron instancias de diálogo directo con el personal. Indicó que los trabajadores no se hubieran opuesto a un eventual plan de eficiencia acordado entre la Provincia y la Nación, siempre que existiera transparencia respecto del uso de los recursos y participación de los sectores involucrados.
Ante la falta de respuestas, el sindicato decidió avanzar por la vía judicial. “Todo lo que fueron intentos de diálogo o instancias más pasivas no tuvieron ningún fruto porque están totalmente herméticos al diálogo. Así que fuimos a generar recursos judiciales y estamos esperando alguna respuesta”, indicó la dirigente.
Otro de los puntos observados por el gremio son las contrataciones anunciadas por la intervención. Almada cuestionó particularmente la adquisición de nuevos sistemas de videovigilancia, al señalar que el puerto ya cuenta con equipamiento instalado y certificado recientemente por Prefectura Naval Argentina.
“Las cámaras son recientes, las últimas actualizaciones están todas en funcionamiento. Prefectura había dado la certificación días antes de la intervención de que todo funcionaba correctamente. Sin embargo, en la licitación dicen que están obsoletas. Estaría bueno que definan qué consideran obsoleto cuando fueron aprobadas por el organismo competente”, remarcó.
La representante sindical también advirtió que varias licitaciones avanzan sin consultas a las áreas técnicas de la Dirección Provincial de Puertos y sostuvo que algunas contrataciones podrían extenderse más allá de los plazos originalmente previstos para la intervención.
“Nos deja completamente absortos porque ya de por sí están excediendo el alcance que tienen. La intervención tenía que suplir determinadas responsabilidades administrativas y se toman atribuciones mayores. Son licitaciones nacionales impactando sobre un puerto provincial”, afirmó.
Finalmente, Almada recordó que las obras portuarias requieren estudios ambientales, evaluaciones técnicas y controles específicos debido a las características del entorno marítimo donde se desarrollan. En ese marco, destacó que la Dirección Provincial de Puertos cuenta con personal especializado para llevar adelante esas tareas y consideró que esos antecedentes deberían ser contemplados antes de avanzar con nuevas inversiones y contrataciones.
