El Banco Mundial (BM) incluyó un apartado crítico en su informe semestral «Panorama Económico de América Latina y el Caribe», presentado este miércoles, donde utiliza al régimen de promoción de Tierra del Fuego como el ejemplo paradigmático de una «política industrial fallida».
El organismo señaló que, tras más de 50 años de vigencia, el sistema tiene fallas «fundamentales de diseño» y se vio afectado por la «interferencia política».
Según el organismo presidido por Ajay Banga, «el apoyo ilimitado sin un procedimiento ni un cronograma para reducir la asistencia (cláusulas de caducidad) puede proporcionar incentivos perversos, socavando el objetivo inicial».
El informe del BM, recopilado por Clarín, dice que aunque el régimen fueguino «buscó aprovechar la ubicación estratégica de la región estimulando el crecimiento demográfico y el empleo a través de un amplio paquete de exenciones fiscales y beneficios comerciales para los bienes fabricados», resultó en elevados costos fiscales para Argentina sin dar resultados.
Resaltaron que «su estructura de incentivos mal concebida ha generado un costo fiscal sustancial para el gobierno argentino, estimado en US$ 1.070 millones anuale, sin lograr mejoras tecnológicas o de productividad significativas».
El Banco Mundial también puso la lupa sobre la decisión del Gobierno de Javier Milei de mantener el régimen (con las modificaciones introducidas en 2025) y su extensión hasta el año 2038.
El organismo cuestionó que se haya extendido el funcionamiento del régimen «sin establecer condiciones claras ni un plan de transición». Según el BM, las «exenciones arancelarias a las importaciones en el archipiélago brindan a las empresas participantes una ventaja de costos sobre los productores de la Argentina continental».
A su vez, publicaron que la existencia del IVA, que apunta a compensar la creación de valor en Tierra del Fuego, «no fomenta la innovación en la práctica porque las empresas locales generan poco o ningún valor agregado real».
«La combinación de estos incentivos alienta a las empresas a importar grandes volúmenes de insumos libres de derechos y revenderlos al continente a precios más altos, al tiempo que reclaman los beneficios fiscales asociados. Esta estructura no solo induce distorsiones en el mercado, sino que también afianza una carga fiscal cada vez mayor sobre el gobierno», sumaron.
Finalmente concluyeron: «Las empresas involucradas siguen siendo viables principalmente gracias a las importantes transferencias fiscales, más que a los aumentos de su productividad o capacidad tecnológica. Esta dinámica refuerza la dependencia del apoyo gubernamental y aumenta los costos económicos a largo plazo de mantener el régimen, lo que pone de relieve los desafíos de revertir políticas industriales arraigadas pero ineficaces»
