La intervención del puerto de Ushuaia ordenada por la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) fue presentada por el Gobierno nacional como una medida necesaria para corregir irregularidades administrativas, desvíos de fondos y falta de inversiones. Pero detrás de esa explicación formal comenzó a tomar forma otra historia, mucho más incómoda: una trama de vínculos empresariales, exsocios que desembarcan en el Estado y negocios millonarios en juego en la principal puerta de entrada a la Antártida.
En el centro de ese entramado aparece el actual titular de la ANPyN, Iñaki Miguel Arreseygor, el funcionario que firmó la intervención del puerto fueguino. Su trayectoria mezcla sector público y actividad privada, pero es justamente en esa frontera donde aparecen los datos que hoy alimentan sospechas políticas.
Antes de ocupar un cargo clave en el sistema portuario nacional, Arreseygor participó en distintas sociedades comerciales. Entre ellas figura Bastiaan SRL, una empresa que —casualmente— operó dentro del propio puerto de Ushuaia años antes de la intervención.
Documentación de la Dirección Provincial de Puertos muestra que en noviembre de 2019 esa firma alquiló la garita número 7 del muelle para instalar un servicio de correo y una casa de cambio. El contrato se firmó por 36 meses y por un monto total de 576.450 pesos. El representante de la empresa en ese acuerdo fue el propio Arreseygor, que actuó como apoderado de la compañía.
El dato no sería particularmente llamativo si no fuera por un detalle: tiempo después, ese mismo abogado terminaría al frente del organismo nacional que decidió intervenir el puerto donde su empresa había tenido presencia comercial.
Pero la historia no termina ahí.
Bastiaan SRL fue creada por los abogados Nicolás Belgrano y Elián Álvarez. En agosto de 2021, Arreseygor fue designado gerente de la compañía. Permaneció en ese cargo hasta febrero de 2023, cuando presentó su renuncia. En su lugar asumió Juan Ignacio Elgart.
A primera vista, un simple movimiento societario. Pero con el paso del tiempo esa rotación empezó a mostrar otra cara.
Primero porque Bastiaan trasladó su domicilio legal desde la Ciudad de Buenos Aires a Río Grande, en Tierra del Fuego. Y segundo porque algunos de sus protagonistas terminaron ocupando cargos dentro del propio sistema portuario nacional.
El caso más evidente es el de Elgart. Tras convertirse en gerente de la empresa, fue designado en agosto de 2024 como director de operaciones de la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables. Luego, en junio de 2025, volvió a aparecer en el Boletín Oficial: fue nombrado delegado argentino ante la Comisión Administradora del Río de la Plata, el organismo binacional que regula la navegación entre Argentina y Uruguay.
Otro nombre de la misma órbita también desembarcó en la estructura portuaria estatal. Nicolás Belgrano, uno de los fundadores de Bastiaan, fue designado subgerente de Promoción y Desarrollo de la Industria de Cruceros dentro de la ANPyN, el organismo que dirige Arreseygor.
La secuencia deja una pregunta inevitable: socios y exdirectivos de una empresa que operó dentro del puerto de Ushuaia terminaron ocupando cargos dentro de la estructura estatal que después avanzó sobre esa misma terminal.
La red empresaria vinculada al titular de la ANPyN no se limita a Bastiaan. Registros societarios lo vinculan también con otras compañías, como Gasteiz SA, dedicada a servicios financieros y tecnológicos, que comparte domicilio con Bastiaan en la calle French de la Ciudad de Buenos Aires.
Además aparece relacionado con El Abolengo SA, orientada a negocios inmobiliarios y de construcción, así como con otras sociedades vinculadas a proyectos de infraestructura y desarrollo comercial.
Pero el mapa de intereses se vuelve todavía más sensible cuando aparece otro nombre clave en la economía fueguina: Mirgor.
En documentación societaria correspondiente a 2019, Arreseygor figura como director titular de Mirgor S.A.C.I.F.I.A., el poderoso grupo industrial con sede en Río Grande y vinculado a la familia Caputo.
El dato adquiere peso político porque Mirgor tiene un interés concreto en el futuro del puerto de Ushuaia.
El conglomerado presentó una iniciativa privada para desarrollar y operar la terminal de pasajeros de la ciudad, un proyecto estratégico ligado al crecimiento del turismo antártico y al negocio de los cruceros internacionales. Ushuaia es hoy el principal punto de partida hacia la Antártida, lo que convierte a su terminal de pasajeros en un activo logístico y turístico de enorme valor.
La propuesta incluye inversiones en infraestructura y la modernización de la terminal, pero también la posibilidad de gestionar el flujo de miles de pasajeros que cada temporada parten hacia el continente blanco.
En otras palabras, uno de los negocios turísticos más importantes del extremo sur del país.
Ese dato agrega una pieza más al rompecabezas: el funcionario que hoy dirige el organismo que intervino el puerto tuvo vínculos societarios con una empresa que busca posicionarse dentro de esa infraestructura estratégica.
Las sospechas no se limitan al plano documental. Desde el propio sector portuario comenzaron a aparecer denuncias que apuntan en la misma dirección.
Adolfo Barja, dirigente del Sindicato Unión de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTPA), aseguró que detrás de la intervención del puerto de Ushuaia podría existir una disputa por el control del negocio portuario.
En declaraciones al programa Zoom a Diario, el sindicalista fue directo: “Acá está la caja”.
Según Barja, el objetivo real del desembarco de la ANPyN sería controlar los recursos, contratos y servicios que genera la operatoria portuaria. También afirmó que existen empresas cercanas al entorno de Arreseygor interesadas en operar en distintos puertos del país.
En ese contexto lanzó una frase que resonó fuerte en Tierra del Fuego: “Algo de Caputo hay”.
Leídas junto con los antecedentes societarios del titular de la ANPyN, sus vínculos con Bastiaan y su paso por el directorio de Mirgor, las declaraciones del dirigente sindical alimentan la hipótesis de que la intervención podría ser algo más que una medida administrativa.
Podría ser también el punto de partida de una reconfiguración del negocio portuario.
Porque cuando se observan todos los elementos en conjunto aparece un patrón difícil de ignorar: una empresa que operó dentro del puerto, socios que luego ingresan al sistema portuario estatal, un funcionario con antecedentes en ese entramado empresarial y un poderoso grupo económico interesado en el futuro de la terminal.
Así, la intervención del puerto de Ushuaia deja de ser solamente una disputa administrativa en el extremo sur del país.
Empieza a parecerse cada vez más a otra cosa: una pelea por el control de uno de los negocios logísticos y turísticos más estratégicos de la Argentina.
Fuente: EDFM
