En unas declaraciones que han sacudido la escena política provincial, la presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora, admitió que el juez del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto Löffler, responde a los intereses de su espacio político.
La concejala del Movimiento Popular Fueguino (MPF) realizó estas contundentes afirmaciones al ser consultada específicamente sobre si la iniciativa para remover al magistrado constituye un mecanismo de presión y disciplinamiento del oficialismo hacia la oposición.
“Sí, por lo menos a un espacio político, a una familia, o a quienes nos oponemos a determinada situación”, respondió Zamora de manera categórica, confirmando así la percepción que el juez Löffler está alineado con su partido.
Al profundizar en su postura, la concejala reiteró en FM Del Pueblo que el pedido de juicio político contra el magistrado “responde a un claro intento de ‘disciplinamiento’ por parte del gobierno provincial hacia los opositores”. Zamora vinculó directamente esta acción con la férrea oposición del MPF a la reforma constitucional impulsada por el gobierno, que a su juicio “solo busca la reelección del gobernador”.
Estas declaraciones, provenientes de una alta autoridad legislativa municipal, avivan el debate sobre la independencia de los poderes del Estado y arrojan una sombra de duda sobre la imparcialidad de la justicia fueguina.
La admisión pública que un juez superior responde a los intereses de un partido político marca un nuevo y peligroso capítulo en la crisis institucional de Tierra del Fuego, planteando serias preocupaciones sobre la salud democrática de la provincia.
